Noticias sobre pisos embargados, banca e hipotecas : Pese al tono agresivo del pasado martes, el debate del estado de la nación comienza a dar sus frutos. Los principales partidos de la Cámara, PSOE, PP y CiU, pactaron ayer tres cambios sustanciales en la gestión de las ejecuciones hipotecarias, que en los últimos cuatro años han afectado a 300.000 personas.
Los planes son: elevar desde el actual 50% el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados por los bancos (de modo que los afectados tengan que pagar menos deuda), subir de 641 euros a 961 el sueldo mínimo que las entidades no pueden requisar y, si bien se descarta oficialmente, abrir la puerta a que los insolventes cancelen su deuda con la entrega del piso.
Lo último lo proponían CiU, IU, ICV, ERC y BNG. Y aunque el pacto alcanzado no contempla la opción de la dación en pago, sí que propone el desarrollo de sistemas de mediación para que se concedan créditos "con la única garantía del principio del bien hipotecado", en aplicación del artículo 140 de la Ley Hipotecaria. Es decir, que dichos créditos puedan ser pagados con la misma vivienda, lo que en la práctica es una dación en pago, una medida instalada en países como EEUU o Francia pero que PSOE y PP ya han bloqueado dos veces en la Cámara Baja.
La alianza parlamentaria también propone aumentar el porcentaje de valoración de los pisos embargados por las entidades financieras. Actualmente, tras un embargo, el banco puede quedarse el inmueble por el 50% de su valor en función de la última tasación, de manera que los afectados deben pagar la cantidad restante. Así, si el porcentaje aumenta, los asfixiados por la deuda tendrán que abonar una cantidad menor. Con todo, los partidos no concretaron dicha elevación.
Sí hubo más concreción respecto a los salarios mínimos blindados al tajo bancario. Hasta ahora las pagas inferiores a 641 euros eran intocables, lo que coincide con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La intención es elevarlas a 941 euros, un 50% más. Es decir, se materializa la propuesta que el pasado martes hizo el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su intervención.
Además, dicho importe se incrementará un 30% adicional del SMI por cada miembro de la familia que no cobre sueldos regulares, lo que implica que, si por ejemplo hay dos familiares en esa situación, la cantidad ascenderá a 1.350 euros.
Por otro lado, PP, PSOE y CiU también piden acelerar la implantación de las subastas judiciales de viviendas embargadas por vía electrónica, que completen las presenciales con pujas a través de Internet. El objetivo, según el texto presentado, es "aumentar el número potencial de licitadores y, por tanto, las posibilidades de que la subasta no quede desierta".
La asociación de consumidores Asgeco tildó de "lamentable" que el Gobierno no actúe contra la sobrevaloración de las tasaciones a la hora de contratar hipotecas, y en términos muy similares se expresó el sindicato UGT. Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) calcula que la paralización de los embargos de viviendas en proceso costaría entre 300 y 500 millones de euros, una cantidad que podría asumir el propio Ejecutivo.
Fuente: Expansion.com
Editado por: Pisos embargados
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