Baleares anuló el fuera de ordenación de los pisos altos - Pisos embargados

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SANTA CRUZ DE TENERIFE La Comunidad Autónoma de Baleares eliminó desde el año 1988 la figura de edificaciones fuera de ordenación por alturas, la que más afecta a Santa Cruz de Tenerife. El concejal electo de la capital chicharrera, Pedro Arcila, señaló en el transcurso de unas jornadas celebradas por el Colegio de Arquitectos que en Baleares se tomó la decisión ante la evidencia de que se trataba de una figura "inútil" y que no resolvía los problemas urbanísticos de las ciudades.

En esta conferencia, también participó el arquitecto José Trujillo, quien admitió, junto con el urbanista Javier Díaz Reixa, que hasta ahora la figura de fuera de ordenación se ha tomado con "gran alegría" por parte de los técnicos. Sin embargo, tras las movilizaciones ciudadanas de 2010 en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, el urbanista asumió que "el asunto se ha complicado" y, por ello, han decidido reflexionar sobre las consecuencias de esta carga urbanística. "Hemos pasado de tomarnos el fuera de ordenación con alegría a presenciar un auténtico terremoto", dijo Díaz Reixa.

El también abogado indicó que hasta ahora el régimen ha sido regulado "de forma superficial" pero eximió de culpa a los técnicos. "Nosotros no tomamos decisiones. Estamos al lado de la lata de gofio pero nunca metemos la mano", subrayó. Díaz Reixa indicó que la modificación legislativa sobre el régimen de fuera de ordenación va a salir adelante ya que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. A través de este cambio legislativo, se intenta eliminar la mayor parte de las restricciones que impone la figura de fuera de ordenación, especialmente en lo que atañe a la ejecución de obras. Díaz Reixa se muestra escéptico ante la elaboración de listas de viviendas con esta carga por el efecto negativo que puede tener a la hora de que los bancos concedan hipotecas.

Por su parte, Arcila indicó que la movilización social registrada hace un año tenía su origen en la incertidumbre que vivían los ciudadanos y la percepción de que esta figura podría traer consigo consecuencias negativas sobre su patrimonio. Añadió que este régimen se ha convertido "en un saco sin fondo" y en un "cajón de sastre". El nuevo concejal indicó que los propietarios de viviendas con esta carga que no han sido advertidos antes de la compra pueden anularla en el plazo de cuatro años. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar, apuntó que la razón para que un bien sea incluido en esta categoría es precisamente con el fin de que su valor catastral se reduzca y, por ello, no se permiten obras que aumenten su coste.

Fuente: Laopinion.es

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